El pasado 12 de marzo participamos en la audiencia pública convocada por el representante Alirio Uribe Muñoz, en el marco del debate del proyecto de ley acumulado sobre inteligencia artificial (PL 043/2025 Senado – 324/2025 Cámara), discutido en las Comisiones Sextas conjuntas y actualmente en trámite con mensaje de urgencia del Gobierno.
Este proyecto, de autoría del Gobierno; liderado por el Ministerio de Ciencia; recoge la acumulación de iniciativas de legislaturas anteriores. Sin embargo, en esta nueva legislatura nuevamente cursan múltiples proyectos sobre inteligencia artificial, lo que vuelve a plantear retos de coherencia y articulación normativa.
Desde Fundación Karisma intervenimos para aportar una lectura crítica del proyecto, basada en nuestro trabajo en tecnología, derechos humanos y justicia social, particularmente en sistemas de focalización de subsidios e identificación digital y biométrica.
La discusión ocurre en un escenario legislativo fragmentado. Actualmente hay iniciativas con enfoques diversos: desde proyectos acotados; como uno sobre uso de IA por menores; hasta propuestas más amplias sobre principios éticos, así como iniciativas sectoriales (consulados, PQRS) y otras con énfasis en infancias. Este panorama plantea dudas sobre la coherencia regulatoria y la articulación entre iniciativas.
Reconocemos que el proyecto introduce un elemento valioso: un enfoque basado en riesgos que permite diferenciar los usos de la IA según su potencial de impacto, incluyendo como alto riesgo sistemas relacionados con acceso a prestaciones públicas, aplicación de la ley e identificación biométrica.
Sin embargo, advertimos preocupaciones importantes. Por un lado, el debilitamiento del componente regulatorio: la ponencia vuelve opcionales obligaciones clave del Estado. Por otro, una asimetría en la rendición de cuentas: mientras el régimen sancionatorio se concentra en actores privados, el sector público; principal usuario de sistemas de alto riesgo; enfrenta controles más débiles. A esto se suma la falta de transparencia, ya que las evaluaciones de impacto no contemplan publicación ni participación de personas afectadas.
Estas tensiones son especialmente relevantes frente a desarrollos recientes como la Ley 2502 de 2025, que ya ordenó la formulación de política pública en IA. Aún no es claro el avance de esta reglamentación ni cómo se articulará con el proyecto en discusión, lo que aumenta el riesgo de fragmentación normativa.
Durante la audiencia, además del Gobierno, participaron entidades como el Ministerio de Culturas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio TIC, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Defensoría del Pueblo, junto con otras instituciones como el Departamento Nacional de Planeación. Estas intervenciones evidenciaron que el uso de IA en el sector público ya es una realidad en expansión, lo que hace aún más urgente contar con mecanismos efectivos de control, transparencia y rendición de cuentas.
La proliferación de proyectos refleja la urgencia del tema, pero también el riesgo de dispersión. Más que multiplicar iniciativas, el reto es construir un marco coherente y exigible que garantice derechos.
En ese esfuerzo, es fundamental reconocer que el Estado no es solo regulador, sino también uno de los principales usuarios de sistemas de inteligencia artificial, especialmente en contextos de alto impacto. Por ello, cualquier marco normativo debe asegurar que el gobierno y las entidades públicas están sujetos a obligaciones claras de transparencia, evaluación y rendición de cuentas. La confianza pública en estas tecnologías dependerá, en gran medida, de que quienes las implementen; y en particular el propio Estado; cuenten con reglas exigibles y mecanismos efectivos de control.