En las últimas semanas el debate electoral que ocurre en el espacio digital ha sido entorpecido por ataques de seguridad digital en contra de periodistas como María Jimena Duzan y la organización Dejusticia. Al tiempo, usuarios y usuarias, junto con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), han denunciado la eliminación de contenido, la supresión de la función como las transmisiones en vivo y el hackeo de cuentas cuando han realizado contenido relativo a las elecciones. Ha circulado también contenido en línea sobre ubicaciones de periodistas y de señalamiento de pertenencia de personas a grupos criminales.
Poder debatir y construir ideas en línea hace parte fundamental de la democracia. La criminalización de la expresión y el uso de técnicas cada vez más sofisticadas que buscan suprimir la presencia digital exigen una respuesta social contundente. Cloudflare identificó que el año pasado “las organizaciones de la sociedad civil fueron atacadas con mayor frecuencia, y a menudo con mayor intensidad, que otros usuarios de Internet”. Ataques DDoS dirigidos a dejar fuera de línea a los sitios, intentos de explotar vulnerabilidades de seguridad en sitios web, ataques de phishing e interrupciones de Internet ordenadas en su mayoría por autoridades son las cuatro formas más usuales de ataque. Los ataques ocurren en los momentos más críticos: durante elecciones, en eventos de crisis sociales o durante la realización de actividades de incidencia. Se les ataca por el trabajo que realizan y para interrumpir los momentos en que ese trabajo tiene mayor impacto.
Fundación Karisma hace un llamado a las campañas, partidos y grupos políticos y sus asesores y consultores en mercadeo digital así como a quien sea elegido como presidente de los colombianos y las colombianas para que asegure la protección del espacio cívico digital, alentando la deliberación y la crítica.
El Estado y actores privados deben sumar esfuerzos para investigar, monitorear y divulgar responsablemente los incidentes de seguridad digital, especialmente los dirigidos en contra de organizaciones de sociedad civil y periodistas.
Las plataformas obtienen un beneficio económico por la explotación de los datos personales de quienes usan sus servicios para ejercer el derecho a la libertad de expresión. Consecuentemente, deben, como mínimo, dar información a usuarios y usuarias sobre las decisiones sobre sus contenidos y sus cuentas y deben proveer ayuda técnica en tiempo real en tiempos de elecciones y de otros fenómenos sociales.
Somos conscientes de que no todo el debate público ocurre en línea. Sin embargo, se hace urgente un acuerdo social que rodee y proteja la libertad de expresión por estos medios, un acuerdo que exija el respeto por la diferencia y que demande a figuras públicas el respeto por el debate y por quienes expresan opiniones críticas contra ellas.