“¿Y qué sucede ahora? Los días de la premisa de Google “no ser malvados” ya pasaron. Es ingenuo pensar que el deseo de control de Google termina aquí. Aunque no distribuyas aplicaciones fuera de la Play Store, pregúntate qué viene después cuando este sistema sea implementado sin ninguna objeción de los usuarios. También te afectará.” (Traducción propia del inglés).
Una conversación en la oficina dio como resultado dos miradas distintas en Karisma
El lunes, en medio del café post-reunión, quisimos hablar del anuncio de Google que informa que, a partir de septiembre de 2026, los desarrolladores de Android deberán estar registrados frente a Google, y para esto deberán entregarle su nombre legal, su teléfono, su dirección, su correo electrónico junto con su documento de identificación oficial. Además, deberán pagarle una suma por el registro para las cuentas de distribución completa (ADC).
Pensamos que esta situación puede ser interpretada desde dos orillas. Pau, desde su trabajo monitoreando políticas públicas y desarrollando estrategias de incidencia para la organización, y yo, Soleil, que me especializo en investigación de seguridad digital y privacidad del K-Lab. Queremos entender este tema desde estos dos enfoques, pero sobre todo, nos gustaría resaltar cómo estas medidas de registro obligatorio de desarrolladores de Android afecta tanto la autonomía digital como la pluralidad informativa y la democracia.
Les compartimos nuestra conversación 🙂
Pau: Soleil, Google hizo este anuncio y lo justificó como una medida para evitar aplicaciones que distribuyen malware, que cometen fraudes o que pueden robar datos sensibles. En teoría suena a seguridad, pero ¿qué significa realmente para las personas usuarias que compraron un celular creyendo que era suyo para usarlo libremente, bajo la idea de que funcionaba como un sistema abierto?
Soleil: Lo que cambia es el nivel de control. Hasta este momento, Google decidía qué aplicaciones podrían estar en la Play Store, su tienda oficial. Es decir, si una app no cumplía con sus políticas, la eliminaban de la tienda pero los usuarios aún tenían la opción de instalarla por fuera sin exigencias de verificación de identidad de los desarrolladores. Lo podían hacer consiguiendo el archivo APK desde otra fuente: servidores alternativos, sitios web de desarrolladores independientes y comunidades o proyectos de software libre.
La nueva medida el control ya no se limitará a la tienda: se trasladará al dispositivo mismo. En otras palabras, aunque intentes instalar una aplicación desde fuera de la Play Store, tu celular Android verificará si el desarrollador está registrado y autorizado por Google; en el caso contrario el sistema bloqueará la instalación.
En la práctica, esto significa que Google podrá decidir qué aplicaciones se instalan y cuáles no, incluso si estas son legales. Vemos que es un cambio profundo, porque pasamos de tener un sistema relativamente abierto donde el usuario tenía autonomía a, como usuarios, depender de la autorización de una única empresa privada para instalar aplicaciones en nuestro propio teléfono.
Pau: En términos de seguridad, ¿esta es una apuesta acertada?
Soleil: En realidad no. Android ya cuenta con múltiples factores de seguridad efectivos: desde los propios del sistema operativo (como la gestión de permisos y el sandboxing o aislamiento de las aplicaciones) hasta los implementados por el Play Protect de Google (el cual puede ser activado o desactivado por el usuario). Además, cuenta con múltiples alertas antes de poder instalar aplicaciones desde fuentes desconocidas. Todo esto ha funcionado muy bien sin necesidad de un registro centralizado. Si la prioridad de Google es la seguridad, puede esmerarse en mejorar estas medidas sin necesidad de centralizar el control sobre los dispositivos Android.
Por todo esto, vemos que el registro obligatorio de desarrolladores es en realidad un intento de aumentar el control, la vigilancia y el poder a nivel mundial por parte de una única empresa gringa dueña del sistema operativo de los dispositivos Android.
Desde lo técnico, esto parece un cierre del ecosistema. Quiero preguntarte, Pau, ¿cómo lo lees tú desde las afectaciones hacia la sociedad?
Pau: Estamos ante una concentración de mercado y cierre del ecosistema: no solo se robustecen las asimetrías de poder en el entorno digital, también se robustece el control sobre la ciudadanía. Si Google controla cuáles desarrolladores están autorizados, entonces controla indirectamente qué aplicaciones existen en Android, qué servicios, qué herramientas y, a la larga, qué debates damos en nuestra sociedad.
Esto es preocupante porque afecta la pluralidad informativa y la libertad de organización e incluso de producción y desarrollo de aplicaciones; teniendo en cuenta las limitaciones que los desarrolladores pequeños pueden tener para certificarse con Google.
En Colombia, por ejemplo, podrían vetarse apps de aborto voluntario, de denuncias de acoso o corrupción y de navegación y comunicación segura. Y esto afectaría a la gran mayoría de usuarios: según datos citados por La República a partir de estudios de mercado, cerca del 80% de los teléfonos inteligentes en el país usan Android, mientras alrededor de 20% utiliza iOS de Apple. Es decir, cualquier decisión sobre qué aplicaciones se pueden instalar o distribuir en estos ecosistemas impacta directamente a millones de personas. ¡No es solo un tema de mercado, es un tema de democracia!
Soleil: Dame ejemplos concretos, porque a veces parece un tema abstracto que no nos afecta directamente.
Pau: Claro. En China, Google eliminó la app de citas gays Blued de la Play Store tras una petición del gobierno, porque en ese país el matrimonio entre parejas del mismo sexo está prohibido y los temas LGBTIQ+ son censurados ampliamente. En Estados Unidos, la app ICEBlock, que informaba sobre operativos migratorios de patrullas de ICE, fue retirada por solicitud de la Fiscal General. Si eso pasa en países con marcos jurídicos distintos, ¿qué nos garantiza que en Colombia no se prohiban apps que permiten la comunicación durante la protesta social como Bridgefy? ¿O de navegación segura como Tor? ¿O de streaming como Stremio?
Soleil: Con esto en mente, Apple ya tiene un sistema cerrado ¿Por qué es distinto en Android?
Pau: Es cierto que Apple vende sus propios dispositivos y siempre ha sido cerrado, en ese sentido, los usuarios de esta compañía conocen desde un inicio las condiciones de uso del dispositivo que adquirieron. Si eso afecta la competencia y los derechos de las personas consumidoras es tema para otra charla.
En cambio, Android siempre fue la opción “abierta”; es decir, que los usuarios compraron dispositivos con la expectativa de poder instalar lo que quisieran. Android se comercializa a través de múltiples fabricantes como Samsung o Xiaomi, es open source (es decir, que deja leer el código fuente y entender específicamente qué y cómo lo hace) y publicita orgullosamente la diversidad y la apertura como punto central de su ecosistema.
Que ahora se cierre ese ecosistema es un cambio de contrato social y atenta contra los principios que tradicionalmente han tenido: no solo afecta a quienes usan apps alternativas, sino a todos, porque perdemos nuestra autonomía y capacidad de resistencia digital.
Soleil: Entonces no es solo un tema técnico, sino político. ¿Qué implicaciones ves para la democracia?
Pau: Esto implica que el acceso a la información, por lo menos por medio de apps, quedará subordinado a los intereses de una sola empresa extranjera. Descargar apps fuera de la Play Store ha sido una vía para que organizaciones evalúen diversos aspectos de las aplicaciones y mantengan independencia. Si eso se bloquea, se limita la capacidad de innovación y de resistencia digital.
Pau: ¿Y qué pasa con los desarrolladores? ¿Cómo los afecta esta medida?
Soleil: Se convierten en dependientes de Google. Tendrán que pagar tarifas, entregar datos personales y someterse a reglas cambiantes, ello genera autocensura: muchos evitarán crear apps sobre temas transgresores por miedo a perder su registro. En conclusión, en vez de fomentar diversidad, se fomenta el conformismo y los intereses de una empresa (Google/Alphabet) cuyo modelo económico está en gran parte basado en la colecta de datos personales de las personas usuarias.
Pau: Y si la medida se termina por implementar, ¿todavía existen otras alternativas?
Soleil: ¡Sí, claro! Por un lado, está la promesa de Google de implementar una alternativa para los “usuarios avanzados”, aunque todavía no han mostrado avances al respecto y, aunque existiera, seguramente sería muy difícil de seguir.
Por otro lado, hay muchos otros sistemas operativos basados en Linux o en Android de donde escoger. El problema es que para la mayoría se necesita instalar manualmente el nuevo sistema operativo, lo cual también dificulta el proceso.
En general, hay alternativas para las personas que tengan capacidad y tiempo de seguirlas. Sin embargo, queremos que ser libre de control no sea un privilegio. Es por esto que debemos proteger lo que ya tenemos, que en este caso es Android.
Pau: Para cerrar, ¿Qué podemos hacer para resistir?
Soleil: Se me ocurre apoyar plataformas alternativas como F-Droid, Aurora store o Accrescent y, para los desarrolladores, resistir al registro obligatorio hasta el último momento.
En el caso de la primera (F-Droid), distribuye además aplicaciones gratuitas y de código abierto. Por lo tanto son auditables por cualquier persona, lo que es una garantía de transparencia, de seguridad e indirectamente en cuanto a la privacidad, como se explica en un artículo de su sitio web:
“[La] transparencia y responsabilidad proporcionan una base más sólida para la confianza que las plataformas cerradas, al tiempo que siguen ofreciendo a los usuarios libertad de elección.”
Pau: También es muy importante generar conciencia: discutirlo en comunidades, universidades y organizaciones sociales. La defensa de la pluralidad informativa no es solo un tema de medios, también de tecnología; si dejamos que una empresa decida cuales son los desarrolladores autorizados y finalmente qué apps existen, estamos cediendo una parte de nuestra libertad democrática y autonomía.
Nos quedamos con esta reflexión:
Más allá del café y las opiniones en la oficina, creemos que el debate sobre el futuro de la tecnología y específicamente de las decisiones de Google no es únicamente técnico ni únicamente político: es un cruce de ambos mundos. La seguridad digital y el acceso a la información están entrelazadas, y el control económico de las plataformas redefine los límites de nuestra libertad. La pregunta que queda abierta es si como sociedad aceptaremos este nuevo cierre del ecosistema digital o si encontraremos formas de mantener abierto el espacio tecnológico que sostiene nuestras democracias.
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