Las brechas digitales en Colombia, especialmente en las zonas rurales, se han justificado bajo la sombrilla de una “ausencia estatal”. Los discursos se construyen a partir de una lectura repetitiva, y a veces cómplice, de que el problema es que el Estado no llega, una idea fortalecida desde la insuficiencia y debilidad en las políticas gubernamentales que garanticen de forma efectiva la conectividad, el acceso y la alfabetización digital en territorios periféricos. Sin embargo, que la justificación tenga como base una ausencia estatal es, en muchas situaciones, una manera de desconocer las prácticas reales en las cuales el Estado sí hace presencia en estos territorios.
Como lo han señalado Margarita Serje y Estefanía Ciro, el Estado no está ausente: está presente de manera diferenciada. En regiones como la Andinoamazonía o el Pacífico colombiano, esta presencia diferenciada del Estado se ve reflejada en la militarización del territorio, en la priorización de dinámicas de seguridad y control a través de tecnologías digitales para la guerra, cómo por ejemplo, el hecho de que un dron funcione mejor que el internet en una escuela. Mientras tanto, las inversiones relacionadas a infraestructura de conectividad, acceso equitativo y alfabetización digital son ubicadas en un segundo plano, incrementando así las brechas digitales.
Las brechas digitales, en contextos como estos, están más allá de una comprensión de la presencia o ausencia de conectividad. Son el resultado de establecimientos de poder en los territorios, donde el acceso y uso de las tecnologías digitales pueden convertirse en una forma de control sobre personas y comunidades. En este sentido, la conectividad no es neutra: también puede ser utilizada para ejercer violencias. Esto evidencia que garantizar acceso a internet no implica, por sí mismo, mayores condiciones de seguridad ni el respeto efectivo de los derechos humanos.
Hablar del acceso a derechos mediados por la conectividad es hablar de la vida cotidiana en un mundo que avanza rápidamente en la digitalización. Es la posibilidad de que una joven en un corregimiento de Putumayo curse una carrera virtual; que una organización social del Chocó participe en espacios digitales de incidencia; que una mujer en una vereda de Vichada acceda a servicios de salud a distancia; que una comunidad se informe a través de medios digitales; o incluso, que quienes habitan la ruralidad puedan ejercer su derecho al ocio y al esparcimiento.
Pero esas posibilidades se interrumpen constantemente. Por ejemplo, cuando llueve y se va la energía —y con ella el internet—, cuando hay cortes recurrentes del servicio eléctrico o cuando las comunidades no cuentan con las habilidades y capacidades necesarias para una exploración y navegación segura, significativa y autónoma de internet. Por eso, hablar del cierre de brechas digitales es también una condición para garantizar derechos en igualdad, independientemente del lugar geográfico en donde se encuentren las personas y de las condiciones económicas de las familias para poder acceder a servicios de internet.
En zonas rurales el escenario para conectarse es todo un reto y las personas deben buscar formas alternativas para su acceso, aunque ello implique altos costos económicos. Por ejemplo, en zonas rurales de Puerto Asís, en el Bajo Putumayo, es cada vez más común que las familias recurran a servicios como Starlink para poder conectarse a internet. Si bien esta alternativa ha representado en las personas una posibilidad de acceso, evidencia que la garantía de un derecho termina dependiendo de la capacidad de pago individual, ¿será esto una solución privada a un problema público?.
Pero ese no es todo el panorama. Para hacer frente a ello, las comunidades en Colombia están construyendo prácticas colectivas que permiten gestionar su propia conectividad. Un caso relevante es el de las Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad, donde organizaciones de base comunitaria, como las juntas de acción comunal, asumen el rol de proveedoras de su propio internet, impulsando procesos de apropiación tecnológica y fortaleciendo las redes ya existentes en sus territorios. Esta apuesta, liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) desde 2023, se fundamenta en principios de organización comunitaria y acceso más equitativo.
Programas como estos son de suma importancia en la transformación social justa, equitativa y digna para quienes históricamente han sido relegados a las márgenes. En esta línea, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en el mes de marzo de este año, dio a conocer los prepliegos de un ambicioso proyecto de fibra óptica para los departamentos de Amazonas y Putumayo. La iniciativa contempla la instalación de 1.600 kilómetros de red a lo largo del río Putumayo, 70 kilómetros por el río Amazonas y cerca de 210 kilómetros terrestres, con el objetivo de beneficiar a aproximadamente 100.000 hogares. Se trata de una apuesta importante para cerrar brechas digitales en la Amazonía colombiana y avanzar hacia un acceso más equitativo a la conectividad.
Si bien estas apuestas del gobierno Petro representan una gran oportunidad para territorios más conectados, deben pensarse más allá de la infraestructura, que, por supuesto es necesaria. El cierre de brechas digitales implica procesos de apropiación social de la tecnología digital. Acá es importante que las comunidades reconozcan que el estar conectadas a internet posibilita un ejercicio pleno en derechos como la educación, el trabajo, la participación ciudadana y la libertad de expresión, entre otros. El apoyo institucional es fundamental para que proyectos como estos den respuestas a las necesidades reales de las comunidades, cómo, por ejemplo, a través de la pedagogía digital.
Por supuesto, lo anterior parte de reconocer que este es un panorama complejo y contradictorio porque, si bien las brechas digitales están presentes en la cotidianidad de las personas y territorios, hay dinámicas de violencia que hacen uso de las tecnologías digitales para generar control territorial: el uso de plataformas digitales por parte de grupos armados ilegales para el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, así como para el hostigamiento, la vigilancia y el perfilamiento de defensores de derechos humanos.
Finalmente, y entendiendo la importancia del momento político en el que se encuentra el país, resulta urgente que los planes de gobierno de quienes aspiran a la presidencia de la república le den el lugar prioritario a generar propuestas que busquen el cierre de las brechas digitales desde un enfoque territorial y de género. Es momento de que los espacios de poder entiendan la relación constante entre tecnologías y derechos humanos, porque más allá de prometer una buena señal en los teléfonos móviles, cerrar las brechas digitales se trata de que la conectividad, en todo su matiz de elementos, permita ejercer derechos en igualdad de condiciones. Solo así se podrá hablar de una Colombia conectada para el presente y el futuro.
Andrés Camilo Restrepo Mora
Corregimiento de Santana, Putumayo
Universidad de los Andes.
📄 Esta columna de opinión fue escrita en el marco del proyecto Digital Health and Rights Project. Su contenido es responsabilidad exclusiva del autor y no refleja necesariamente las opiniones de Fundación Karisma.